Licitación de casinos de juegos afecta “certeza jurídica” Senadores evalúan oficiar al ministro de Hacienda
La Superintendencia de Casinos de Juego fue cuestionada en la Comisión de Economía del Senado por la forma como está llevando el proceso de otorgamiento de los permisos de operación 2020. A esa instancia concurrió la autoridad, junto con diversos representantes de los casinos, para analizar la situación actual del sector.
Representantes de Casinos Marina del Sol, Sun Dreams y Boldt Peralada expusieron su preocupación ante la errónea interpretación que la Superintendencia de Casinos de
Juegos (SCJ) al no reconocer la renovación de sus licencias por otros 15 años.
Por esta misma razón, el senador Felipe Harboe, propuso oficiar al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para que se respeten las condiciones bajo las cuales se entregaron
los permisos en 2005.
Algo similar se hará con la Comisión para el Mercado Financiero, ya que los operadores acusaron dificultades para acceder a créditos de ayuda bajo el respaldo del Fogape.
“Evidentemente cuando se han hecho inversiones con un marco regulatorio determinado y se establecen cambios de criterios y modificaciones, eso genera un desincentivo a las inversiones,
pero lo más delicado es que pone en riesgo la imagen país para las inversiones extranjeras”.
La SCJ permite reconocer hasta el 80% del monto mínimo a invertir en base a operaciones actuales, dando una ventaja a los titulares sobre otros eventuales postulantes, en la industria han planteado que esto no respeta el derecho preferente que tienen para seguir operando.
El presidente de la comisión, Álvaro Elizalde, señaló que la certeza jurídica “además es lo que permite que se realicen inversiones de largo plazo y por eso es fundamental no cambiar las
reglas del juego, salvo excepciones. Siempre pueden cambiarse las reglas del juego, pero tienen que ser excepciones bien justificadas y no puede ser en absoluto una regla general”.
Por su parte, la senadora Ximena Rincón increpó a la superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, por la interpretación que hace del artículo tercero de la ley de casinos, que señala que los
permisos de operación entregados con anterioridad a la modificación de la ley de 2015, regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento”. Esto además ha sido una de las
bases de la argumentación de la industria para intentar que se les renueven los permisos.
Villagrán estaría obviando esta norma y estaría interpretando “más allá de las facultades legales que tiene. Aquí hay puestos de trabajo, emprendimientos que están
arriesgándose producto de esto, y creo que no respetar el artículo tercero transitorio por parte de la autoridad excede con creces sus facultades (…) No se está haciendo una lectura correcta”. dijo la senador Rincón.
La superintendenta Villagrán realizó un examen general del estado de la industria. Explicó que actualmente el 84,3% de los trabajadores que emplea el sector está acogido a la Ley de Protección al Empleo, equivalente a unos 7.339 trabajadores. Otro 7,5% está con trabajo presencial (unos 665 trabajadores), correspondientes principalmente a equipos de seguridad y vigilancia.
Una de las mayores preocupaciones de la SCJ, aseguró Villagrán, tiene relación con la próxima reapertura y cuándo podría llegar a ser efectiva. Explicó que inicialmente tenían estimaciones
más optimistas, mirando que en julio podría haber comenzado este proceso. Sin embargo, debido al alza de contagios se espera que esto se de entre septiembre y octubre.
“Inicialmente pensábamos que un periodo de dos años podría ser suficiente para alcanzar la recuperación. Hoy en día la verdad tenemos una proyección un poco más pesimista que la que
teníamos en ese momento”, señaló, agregando que en tres o cuatro años se podría retomar el nivel de actividad anterior a esta crisis sanitaria.
Al respecto, el director de Boldt Peralada, Ricardo Abdala, señaló en su intervención representando a la Asociación Chilena de Casinos de Juego que “nuestra preocupación fundamental y lo que queremos advertir radica en un intento del regulador de no respetar las reglas del juego con las que fuimos invitados a participar en el desarrollo e inversión de esta industria, en materia de renovación de los permisos de operación”.
Al final de la sesión se acordó oficiar al Ministerio de Hacienda por dos materias. Primero, por “la necesidad de establecer certeza jurídica para los efectos de garantizar las inversiones”, como expresó el senador Elizalde, “y segundo, no permitir que el sector financiero excluya a un sector de le economía del país que tiene una importancia directa en materia de empleo, particularmente en regiones, de las alternativas de financiamiento, máxime si estas son con garantía del Estado”.
